La fiscalía de Manhattan pidió a la empresa Twitter que facilitara los tuits de un integrante del movimiento Occupy Wall Street. Si no acataba esta orden, Twitter podía ser acusada de desacato y se arriesgaba a una multa.
El juez de Manhattan, Matthew Sciarrino, se puso en contacto con un abogado de Twitter para avisarle de que la empresa había tenido 73 días para cumplir la orden, dictada el 30 de junio. El juez quería los tuits de Malcolm Harris, miembro de Occupy Wall Street detenido en octubre durante una manifestación en el puente de Brooklyn.
Finalmente, Twitter claudicó el pasado viernes y entregó al tribunal de Nueva York los tuits enviados por un manifestante del movimiento Occupy Wall Street acusado de desorden público. Malcolm Harris, de 23 años, en realidad, está acusado de una falta menor. Pero la batalla que ha presentado la autoridad judicial por el acceso de las autoridades a sus tuits ha despertado la atención de todo el mundo.
La importancia de una situación que, de otro modo, sería una mera anécdota, se debe a que puede crear jurisprudencia, es decir, que, a partir de ahora, será una ley de obligado cumplimiento. La libertad de expresión en las redes sociales se reduce a partir de ahora. Al menos, en Estados Unidos.
Un abogado de Twitter entregó al juez un sobre sellado con los mensajes enviados por Harris durante tres meses y medio. Twitter se enfrentaba a una multa, en caso de negarse a entregar dicha información.
De momento, el juez mantendrá el sobre sellado hasta que otro magistrado se pronuncie la semana próxima sobre una apelación presentada por el propio Harris. Los fiscales quieren los tuits porque con ellos podrían probar que sabía que estaba violando la ley durante una protesta en octubre de 2011 en el puente de Brooklyn, Nueva York, cuando unas setecientas personas fueron detenidas por desorden público.
Harris, por su parte, asegura que siguió las instrucciones de la policía durante la movilización que cruzó el puente. El joven se enfrenta a una condena máxima de quince días de cárcel o a 500 dólares de multa.
Según la fiscalía, Harris no tiene derecho a la privacidad porque sus mensajes enviados a la red social son accesibles para todo el mundo que sigue su cuenta en Twitter. Pero los tuits del período en cuestión ya no se pueden ver en la red y Harris afirma que no se debería permitir a la policía y los fiscales hurgar en los archivos de Twitter.