Manifestaciones en Europa contra la Ley ACTA


El sábado día 11 de febrero están convocadas manifestaciones simultáneas en toda Europa contra la ley conocida como ACTA, que, 22 países de la Unión Europea, incluido España, han firmado. Hay que señalar, sin embargo, que el Parlamento Europeo y, en algunos casos, los parlamentos nacionales, tienen que ratificar esa firma, que se llevó a cabo en Japón con el secretismo y juego sucio que ya ha dado carta de naturaleza al regresivo tratado impuesto por políticos que no defienden los intereses de los ciudadanos, las grandes empresas y las sociedades de gestión de derechos, como la SGAE.

Ya hay diversos grupos en Facebook que anuncian las convocatorias y animan a participar en un día que se pretende sea de protesta y de unidad de la ciudadanía digital, personas que no están dispuestas a permitir que el viejo monopolio de la propiedad intelectual (y esto incluye tanto el entretenimiento musical como el audiovisual, así como derechos de farmacéuticas por sus patentes o programas informáticos, etc.) convierta a Europa en la avanzadilla del ACTA que quieren imponer en todo el mundo.

En Madrid, la convocatoria se hace contra el ACTA y la Ley Sinde-Wert (en esto sí se han puesto de acuerdo los dos partidos políticos mayoritarios de España, PP y PSOE), y el lugar elegido es la Plaza del Rey, donde se encuentra el Ministerio de Cultura.

Por otra parte, el Parlamento Europeo está llevando el asunto con un sospechoso secretismo. En junio de 2011, los coordinadores del Comité de Comercio Internacional (INTA) decidieron pedir al servicio legal del Parlamento una opinión sobre el ACTA. El presidente del Comité, el señor Moreira, envió una carta a los servicios legales en la que no se incluyó una pregunta sobre las salvaguardas frente a la criminalización desproporcionada. Ningún eurodiputado tomó medidas para resolverlo.

Los servicios del Parlamento, en principio, negaron la existencia de esas actas. Pero, finalmente, se los envió a quienes las reclamaban. El Parlamento miente sistemáticamente sobre la existencia de esos documentos.

Holanda, Chipre, Eslovaquia, Estonia y Alemania figuran entre los países europeos que no han suscrito el ACTA, otra de las normas que pretende que los usuarios de internet puedan ser vigilados sin permiso de un juez.

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