Pocas veces las administraciones públicas tratan de dar un servicio útil y de calidad a sus ciudadanos. Y, para una vez que lo intentan, llega la jusiticia (¿justicia para quién?) y decide que eso no está bien, que mejor dar un servicio pobre y mediocre, mejor poner trabas cuando un ciudadano quiere acceder a información útil o a mensajes personales.

Algunos ayuntamientos de España y otras organismos públicos ofrecen una conexión wifi pública y gratuita para que se conecte cualquier ciudadano que pase por allí. Pero, una sentencia de la Audiencia Nacional ha dictaminado que este servicio público no puede ofrecer una conexión de acceso competitiva respecto a la que ofrecen los proveedores privados de Internet, es decir, respecto a la que ofrecen las compañías de telecomunicaciones. ¡Precisamente en España, donde los precios del adsl son de los más altos de Europa y la velocidad de transferencia de datos es de las más lentas!
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