
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha dejado claro. El derecho a la privacidad y a la información prevalece sobre el de la propiedad intelectual. Es decir, que los proveedores de servicios de Internet no podrán espiar a sus usuarios, no podrán controlar qué archivos se descargan o comparten a través de las redes P2P.
La resolución del Tribunal Europeo ha sido, lógicamente, celebrada por las asociaciones de internautas como una gran victoria. Todo viene de un contencioso que comenzó en 2004 entre Scarlet, una empresa proveedora de conexión a Internet, y Sabam, una sociedad de gestión de derechos de autor, ambas belgas. Pero el caso traspasa fronteras, ya que el cumplimiento de la sentencia es obligatorio en los 27 países miembros.




























































